El archivo de la represión.
El Gobierno de España va a solicitar a la Unesco que el archivo de la represión franquista, ubicado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sea declarado Memoria de la Humanidad. Conformarían esa memoria los tres millones y medio de fichas policiales que, una vez concluida la Guerra Civil, contribuyeron a generar la dura y masiva represión que caracterizó a la dictadura. Si se tiene en cuenta que la población de nuestro país apenas superaba entonces los 26 millones de habitantes, la magnitud proporcional de ese archivo es ciertamente considerable.

La puesta en marcha de tan exhaustiva, intensa y profusa tarea represora partió de la creación en 1938 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por parte del bando rebelde. Su objeto fue apropiarse de la incautación de todo tipo de material documental, verificada por el ejército franquista a medida que avanzaba militarmente y dominaba aquellos territorios conquistados a la República. En su mayor parte pertenecía a instituciones, asociaciones y demás entidades comprometidas con la defensa del régimen legal y democráticamente constituido. Posteriormente (1944), ese órgano administrativo pasó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargada de elaborar esos tres millones y medio de fichas en los que constaban los antecedentes políticos de quienes iban a comparecer en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
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